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Seguridad

¿Se acabó la verdad histórica? FGR pide detener a 46 servidores públicos por caso Ayotzinapa

Protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: EFE
Protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: EFE

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ante un juez de Distrito de Procesos Penales Federales, 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero.

A los funcionarios se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada, informó la Fiscalía.

Es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República (PGR)

La FGR detalló que estas órdenes de aprehensión se suman a las obtenidas el pasado 10 de marzo contra funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien huyó del país y que ya cuenta con ficha roja de la a Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Añadió que a finales de esta semana espera judicializar a otros funcionarios y dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que sean analizados.

En Metepec, Estado de México, fue detenido Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El día de ayer se obtuvo la aprehensión de José Ángel “N” alias El Mochomo, quien fue un participante de gran notoriedad en el caso

El detenido es el hermano menor de Sidronio y Mario Casarrubias, este último, fundador del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Desde 2015 la FGR ofrecía una recompensa de 1.5 millones de pesos por la captura de El Mochomo.

ANTECEDENTES

El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que en septiembre de 2014 la entonces PGR consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas en virtud de la inconsistencia y la parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar las violaciones que los involucrados cometieron durante su intervención en el caso.

Destacó que cometieron detención arbitraria, tortura, dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento ocultando pruebas suficientes que permitieran conocer el destino de las víctimas.

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