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Las lesiones por armas de fuego suman 720, mientras que las detenciones ilegítimas cometidas por funcionarios públicos ascienden a mil 679 • Foto: TW @inddhh
Las lesiones por armas de fuego suman 720, mientras que las detenciones ilegítimas cometidas por funcionarios públicos ascienden a mil 679 • Foto: TW @inddhh
Internacional

Chile investiga 2 mil 670 denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad

El gobierno dio una semana a Carabineros para que aclare las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, horas después de que Human Rights Watch los acusara de uso excesivo de la fuerza

Santiago de Chile.- La Fiscalía de Chile informó este martes que elevó a 2 mil 670 las investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos, durante el estallido social que vive el país desde hace un mes y que se ha cobrado la vida de al menos 23 personas.

"Corresponde al Ministerio Público investigar con absoluta objetividad estos hechos para poder reclamar luego ante los tribunales de justicia la mayor sanción para los responsables de estos hechos", dijo en rueda de prensa el fiscal nacional, Jorge Abott.

Entre las víctimas de las denuncias por violaciones, hay 422 niños, niñas o adolescentes y 41 extranjeros, principalmente ciudadanos colombianos y peruanos, según el último informe de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, que abarca desde el inicio de la crisis hasta el pasado 10 de noviembre.

Las lesiones por armas de fuego suman 720, mientras que las detenciones ilegítimas cometidas por funcionarios públicos ascienden a mil 679. También hay 44 querellas por torturas, 90 por desnudamientos y 26 por violación o abuso sexual.

La gran mayoría de las víctimas son hombres y fueron violentados presuntamente en la vía pública, aunque un total de 241 habrían sido abusados en comisarías, brigadas policiales o recintos militares, 45 en domicilios particulares, 44 en carros policiales y 41 en locales comerciales.

"El número de investigaciones indica que los protocolos no han sido cumplidos con exactitud, como está establecido, y en consecuencia hay ahí responsabilidades que tenemos que reclamar", agregó el fiscal.

Abott recordó además que cerca de 17 mil 500 personas han sido imputadas por distintos delitos cometidos durante las protestas, principalmente por saqueos, incendios o destrucción del mobiliario público.

El estallido social iniciado el pasado 18 de octubre, el mayor desde el retorno de la democracia en 1990, deja 2 mil 808 heridos que han necesitado asistencia hospitalaria, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente público e independiente que monitorea la crisis desde el inicio.

Los casos más preocupantes para el INDH son los 232 manifestantes que fueron disparados al rostro por los carabineros y que presentan graves heridas oculares.

El gobierno cifra en 23 el número de muertos —cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado— pero la Fiscalía Nacional investiga actualmente 26 muertes.

La brutalidad con que las fuerzas de seguridad están reprimiendo las marchas ha sido denunciada por organismos internacionales como Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), que acusó —en un durísimo informe— a las fuerzas de seguridad de perpetrar "ataques generalizados" y hacer un uso "innecesario y excesivo" de la fuerza contra los manifestantes para "desincentivar" la protesta.

▶ULTIMÁTUM A CARABINEROS, POR DENUNCIAS DE HRW

El gobierno chileno dio este martes una semana a la policía para que aclare las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, horas después de que Human Rights Watch (HRW) acusara al cuerpo de un uso excesivo de la fuerza y de abusos contra detenidos.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, indicó que se encargó a la dirección de Carabineros (nombre de la Policía chilena) "revisar profundamente aquellas actuaciones que se alejen de lo establecido en los protocolos y que han significado cuestionamientos y denuncias" y elaborar un informe en el plazo de una semana.

El documento, explicó en una comparecencia pública, deberá incluir "propuestas con medidas de corrección, señalando las instrucciones y sanciones que correspondan".

Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, presentó este martes las conclusiones sobre su visita a Chile y pidió al Gobierno acometer una reforma "urgente" del cuerpo policial tras haber constatado la comisión por su parte de "graves" violaciones a los derechos humanos.

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

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