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derechos humanos

CNDH pide a Segob que ofrezca disculpas por desaparición de líderes guerrilleros

La fecha y descripción de los hechos coinciden con la detención y desaparición de Aurora de la Paz Navarro y Carmelo Cortés Castro, fundadores de las FAR, atribuida a la Policía Militar y a la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a las secretarías de Gobernación (Segob) y de la Defensa Nacional (Sedena), por violaciones graves de derechos humanos en la detención arbitraria y desaparición forzada de dos líderes guerrilleros, fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Aunque la comisión se reservó la identidad de los afectados, la fecha y descripción de los hechos coinciden con la detención y desaparición de Aurora de la Paz Navarro del Campo y José Carmelo Cortés Castro, atribuida a la Policía Militar y al delegado de la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), Guillermo Lira Murrieta, el 3 de febrero de 1976.

El organismo nacional pidió se ofrezca una disculpa pública institucional a los familiares de las personas desaparecidas, en un mismo acto, de manera conjunta y coordinada, en presencia de la CNDH, con los estándares internacionales, y que incluya la publicación en un medio nacional y en la página web oficial de la Sedena y de la Segob, durante un año.

Navarro del Campo y Cortés Castro fueron detenidos en la localidad de Santo Tomás Chiconautla, del municipio mexiquense Tecámac, y posteriormente fueron trasladados a Acapulco, Guerrero, de acuerdo con un parte firmado por Lira Murrieta. Los documentos de la DFS que hacen constar los hechos están en el Archivo General de la Nación, de acuerdo con un reporte de La Jornada.

En declaraciones ante la CNDH, el hermano de José Carmelo Cortés Castro testificó que, el 3 de febrero de 1976, visitó el domicilio de la pareja y vio objetos tirados en el piso, por lo que le preguntó a la dueña de la casa, quien le informó que habían ingresado elementos policiales fuertemente armados, quienes se llevaron a su hermano, a la mujer y a los dos hijos de ésta, en aquel momento de un año y de seis meses de edad.

En marzo de 2015, 39 años después de la desaparición de la pareja de guerrilleros, sus familiares lograron encontrar los documentos que comprueban que ambos cayeron en manos de la DFS, que en ese entonces fungía como policía política secreta. Los documentos fueron presentados a la Cámara de Diputados, que emitió un punto de acuerdo para que la CNDH ampliara sus investigaciones de este caso.

En 2018, poco antes de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hijo de Aurora de la Paz, Catarino Hernández del Campo, presentó un amparo para denunciar la desaparición forzada de su madre y para evidenciar la ausencia de una participación diligente de la entonces Procuraduría General de la República.

“En el expediente las investigaciones de la PGR no han sido concretas, se incluyen diligencias absurdas tales como llamar al 56581111 (Locatel) para preguntar por ella, o interrogar a familiares y amigos si no la han visto, pero se omite interrogar a las autoridades, aunque sabemos que son pocos los que quedan vivos, la mayoría ya no están en este planeta” dijo Catarino Hernández en ese entonces, en declaraciones recogidas por la revista Proceso.

Tras concluir su investigación, la comisión contó con elementos suficientes para acreditar indiciariamente violaciones graves a derechos humanos, a la libertad y seguridad personal con motivo de la desaparición forzada de las víctimas, además de su detención arbitraria, atribuibles a integrantes de la Policía Militar sin identificar, así como al delegado de la entonces DFS, quien conoció y toleró tales violaciones.

Estos hechos, destacó la CNDH, cobran mayor relevancia porque las fuerzas armadas y federales contribuyen a la defensa del Estado de Derecho y, por tanto, a la seguridad ciudadana, y al incumplir generan un impacto social dada su condición de garantes de la observancia al derecho a la integridad de toda persona que se encuentre bajo su custodia.

Por todo lo anterior, la CNDH recomienda a la Sedena y a la Segob que reparen integralmente el daño a los familiares de las víctimas, que incluya compensación, atención psicológica y tanatológica, en caso de requerirlo, además se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, entre otras medidas.

(Con información de Notimex, La Jornada y Proceso)

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